La comunicación mejorada entre la policía y las organizaciones de mujeres en los tres países fomentó una comprensión común sobre la magnitud de la violencia contra mujeres y niñas. Luego de completar el curso, una serie de talleres integrales de seguimiento reúne a representantes de la policía y de organizaciones de mujeres para consensuar los procedimientos y protocolos más críticos en la prevención y la respuesta a la violencia de género.

La prevalencia de la violencia de género en las escuelas y sus inmediaciones es tan elevada en Viet Nam que se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el empoderamiento de las niñas y la igualdad de género. Plan Viet Nam, una organización para el desarrollo de la infancia, emplea un subsidio del Fondo Fiduciario de la ONU para promover una solución, el denominado Modelo Piloto de Escuelas Sensibles al Género. Implementado ahora en 20 escuelas secundarias de toda Hanoi, el modelo alienta a las escuelas a ser lugares seguros, responsables y propicios para la infancia.

A fines de 2014, docentes de las 20 escuelas emplearon manuales integrales para hablar sobre la violencia de género vinculada con la escuela con más de 16.000 niñas y niños adolescentes. Entre otras temáticas, el alumnado aprende a reconocer e interpelar las normas desiguales de género y la violencia en su vida cotidiana. Cientos de estudiantes han acudido a los nuevos servicios de orientación escolar en busca de apoyo psicosocial.

En los Estados Árabes, la Unión Jordana de Mujeres se sumó al Centro Egipcio para la Asistencia de la Mujer y la Unión de la Acción Femenina de Marruecos para movilizar la acción regional por la prevención de la trata de mujeres. En Jordania, 35 organizaciones han mejorado los servicios, incluso a través de derivaciones a centros de apoyo psicosocial y legal. La difusión en comunidades rurales pobres muy vulnerables en Egipto y Marruecos ha aumentado el conocimiento sobre los riesgos y los derechos protegidos por ley. Una coordinación y trabajo en red más sólidos es lo que ha vinculado a los esfuerzos de los grupos de la sociedad civil, el funcionariado público y las autoridades locales para detectar y detener la trata de personas y contribuido a avanzar en la formulación de leyes contra esta práctica.